Demanda Moral por la Nación (Declaración)

La Habana, 3 de junio de 2010

El país se pierde. Su gente está frustrada y molesta. Se ha perdido el rumbo. Hay muchos capitanes de ejército, pero ningún capitán para el barco de la nación. Si existe una situación mundial realmente inédita es la de Cuba. La falta de liderazgo, la ausencia de sentido estratégico y la incompetencia manifiesta del gobierno constituyen un clarísimo peligro de seguridad nacional para nuestro presente y futuro.

Habría que caminar profundamente en la historia cubana para encontrarnos una combinación de circunstancias que reflejen, como ahora, una matriz destructiva casi sin precedentes. La seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria y la seguridad societal están en quiebra.  

Un país sin sal, sin arroz, sin azúcar, sin dinero, sin valores, atrapado por la corrupción de Estado, y en el que se legitima el ejercicio de la violencia extralegal, está simplemente roto. Y no cabe escamotearle a los cubanos y al resto del mundo las profundidades del abismo nacional. Tampoco cabe seguir autoengañandose detrás de la mentira estructural. El gobierno cubano no tiene legitimidad en su propio agotamiento histórico. Los ciudadanos le temen, pero ya no le quieren.

¿Qué le queda por hacer a las actuales autoridades? Solo una cosa: renunciar. No estamos haciendo un razonamiento estrictamente político, sino cimentando nuestra Demanda Moral por la Nación sobre una base ética. Resultan escandalosas la solemne indiferencia y la dinámica represiva  con las que el gobierno mira y afronta las necesidades de la gente común. Admitimos que Cuba es un país muy complejo para ser regido con los esquemas mentales al uso, pero una actitud así rebasa los límites de las consideraciones políticas para poner en primer plano los fundamentos morales de cualquier gestión política. A esos fundamentos nos dirigimos.  

Estamos demandando desde luego una retirada gradual. Fieles a nuestra vieja filosofía, creemos en la gradualidad, el diálogo —que el gobierno ha rechazado olímpicamente— y la generosidad. La Asamblea Nacional, como le corresponde constitucionalmente, en su condición de poder supremo de los ciudadanos, debe tomar todas las provisiones legalmente reconocidas para poner en perspectiva las acciones políticas que corresponden frente a la mayor crisis histórica de Cuba. Y entre otras, pensamos que la iglesia católica puede ser garante fiable de ese proceso con honorabilidad y en reconciliación; desplegando su capacidad mediadora entre el cuerpo legislativo del Estado, los ciudadanos y la sociedad civil.  

Esta es una exigencia de responsabilidad. Moralmente estamos obligados a ella. Un nuevo país construido por los ciudadanos es necesario. Ha llegado el momento histórico en el que, sin descargar las responsabilidades en los demás, la elite que ha gobernado ininterrumpidamente por más de medio siglo debe mirarse solo así misma, y asumir todas las consecuencias con madurez. Retirarse del gobierno abre la mejor oportunidad para esa autorreflexión serena.   

Manuel Cuesta Morúa
Portavoz Parp

Fernando Sánchez López
Presidente Partido Solidaridad Democrática

Fernando Edgardo Palacios
Partido Liberal nacional Cubano

Raúl Borges Álvarez
Partido por la Unidad Democrática Cristiana

Juan A. Madrazo Luna
Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Eleanor Calvo Martínez
Observatorio Ciudadano contra la Discriminación

Leonardo Calvo Cárdenas
CIR. Parp

Yusnaimy Jorge Soca
Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas

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